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Entre cámaras, fichajes y decisiones sin jueces, la Argentina rozó un escenario más cercano a 1984 de George Orwell o a la película Brazil que a una república con derechos y garantías.
Hay momentos en los que una sociedad debe detenerse y mirarse al espejo. El reciente fallo del juez Martín Cormick, que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad, es uno de esos instantes. No por el tecnicismo jurídico, sino por lo que revela: cuán cerca estuvimos de naturalizar un sistema de control que confunde orden con obediencia y seguridad con vigilancia permanente.
George Orwell imaginó en 1984 un mundo donde el poder observaba todo, donde las pantallas vigilaban cada gesto y la intimidad era un recuerdo incómodo. Terry Gilliam, en Brazil, llevó esa lógica al absurdo: un Estado omnipresente, burocrático y cruel, que sofoca al individuo en nombre de la eficiencia. No eran manuales de gobierno, sino advertencias. Sin embargo, algunas políticas públicas parecen haberlas leído como inspiración.
Un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial, que presume delito en toda protesta y que permite registrar, filmar e identificar ciudadanos por su participación política o social, no fortalece la democracia: la debilita. Cuando el Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Poder Judicial, se corre una frontera peligrosa. No importa cuán nobles sean las consignas; el método importa, y mucho.
El juez fue claro: no se puede equiparar protesta con delito ni flagrancia con disenso. Tampoco se puede aceptar que la inteligencia estatal se deslice hacia el espionaje ideológico, prohibido por la ley. Las cámaras que “todo lo ven” no traen paz por sí solas; traen miedo. Y el miedo nunca fue buen consejero para construir convivencia.
La reacción oficial, prometiendo apelar bajo el lema “sin protocolo no hay orden, hay caos”, plantea un falso dilema. No se trata de orden o caos. Se trata de orden con derechos o control sin límites. La democracia no es ausencia de conflicto; es la capacidad de tramitarlo sin aplastar al otro.
El fallo no niega la necesidad de reglas ni de seguridad. Lo que afirma es algo más profundo: que ningún gobierno, por más votos que tenga, puede correrse de la Constitución. Que la calle no es un territorio enemigo. Y que el pueblo no es un sospechoso permanente.
Cuando el Estado empieza a mirar a sus ciudadanos como objetos a vigilar y no como sujetos de derechos, el problema no es el piquete.
El problema es el rumbo.
Y en ese punto, la Justicia recordó algo esencial: no vivimos en 1984.
Al menos, todavía.
Agustín Dell Oro
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