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Pero cuando el Estado reorganiza sin sensibilidad, los derechos dejan de ser garantías y pasan a ser promesas frágiles. La discapacidad no es un gasto: es una causa humana impostergable.
La noticia sacudió a uno de los colectivos más sensibles y postergados de la Argentina. Tras el escándalo por presuntas coimas, desvíos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno decidió disolver el organismo y absorber sus funciones dentro del Ministerio de Salud. La explicación oficial habla de burocracia excesiva, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente.
Nadie puede ni debe defender la corrupción. Si existieron coimas, negociados o abusos, corresponde investigarlos hasta las últimas consecuencias y castigar a los responsables. Pero el problema comienza cuando, en nombre de esa lucha necesaria, se termina poniendo en riesgo a quienes no tienen margen de espera: las personas con discapacidad y sus familias.
La discapacidad no es una planilla Excel. No es una estadística ni una estructura administrativa que se puede “reordenar” sin consecuencias reales. Detrás de cada pensión, de cada prestación, de cada expediente, hay vidas atravesadas por la vulnerabilidad, por la pobreza, por el dolor cotidiano y, muchas veces, por el hambre. Defender a este colectivo no es ideología: es humanidad básica.
Se asegura que no se recortarán pensiones ni prestaciones. Se promete trazabilidad, auditorías, criterios sanitarios y controles permanentes. Pero en la Argentina real, la experiencia enseña que cuando se diluyen organismos específicos, también se diluyen responsabilidades. La centralización suele invisibilizar, y lo que no se ve, no se prioriza.
Quien nunca sufrió la pobreza, quien jamás tuvo que elegir entre un medicamento o un plato de comida, difícilmente pueda comprender la angustia de una familia que depende de una prestación estatal para sobrevivir. La falta de sensibilidad frente a estas realidades no es un error técnico: es una condena moral.
La gente no es ganado. Los derechos no se cercenan ni se suspenden “hasta nuevo aviso”. La discapacidad exige políticas públicas con empatía, cercanía y compromiso permanente. No alcanza con eliminar cargos políticos ni con exhibir números: hace falta una decisión ética de proteger a los más frágiles, aun cuando eso no rinda políticamente.
El final de esta historia, si no se corrige el rumbo, es oscuro. Porque cuando el Estado se vuelve frío y distante, los primeros en caer no son los corruptos, sino los invisibles.
Y una sociedad que acepta que se ajuste sobre quienes menos pueden defenderse, es una sociedad que ya empezó a perderlo todo.
SL
Para www.quieroamipais.org
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