Su tecnología asesora al ICE en Estados Unidos, al gobierno de Israel y a fuerzas policiales europeas, y hoy aparece vinculada a una discusión sensible en Argentina: el avance del Estado sobre la inteligencia interna mediante herramientas digitales de control masivo.

El debate se activó tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno cerró 2025 y modificó la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). El decreto aún puede ser rechazado por el Congreso, pero el tiempo corre.

La norma plantea que la actual estructura de inteligencia “no resulta suficiente” y habilita la participación de múltiples organismos del Estado en el flujo de información. El objetivo declarado es mejorar la capacidad del Estado para identificar riesgos, conflictos y amenazas. Pero el alcance real del texto abre una discusión mucho más profunda: ¿qué límites tendrá la vigilancia estatal en la era del big data?

Tecnología, inteligencia y una alerta democrática

La habilitación de nuevas tecnologías aplicadas a inteligencia interna, sumada a mayores márgenes de acción para las fuerzas de seguridad, generó preocupación en sectores políticos y jurídicos. El temor: un avance hacia esquemas de control poblacional que hasta ahora no existían formalmente en Argentina.

En el trasfondo aparece un concepto inquietante: la posibilidad de construir una suerte de ICE local, capaz de monitorear no sólo delitos sino comportamientos sociales, opiniones, redes de relaciones y patrones digitales.

Desde el Gobierno aseguran que el decreto fortalece controles y se ajusta a estándares democráticos. Sin embargo, legisladores de distintos espacios —entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el socialismo— presentaron un amparo judicial contra la medida. Argumentan que el DNU otorga facultades que invaden materia penal, competencia exclusiva del Congreso, e incluso podría habilitar detenciones indirectas o acciones punitivas encubiertas.

Palantir: la empresa detrás del modelo de vigilancia

Aquí aparece el actor central: Palantir Technologies, fundada hace 17 años con financiamiento inicial de la CIA. Hoy es una de las empresas de análisis de datos más poderosas del planeta y su valuación supera el PBI de varios países.

Sus creadores, Peter Thiel y Alexander Karp, representan dos vertientes ideológicas distintas pero complementarias del nuevo poder tecnológico. Thiel es uno de los grandes financistas de la ultraderecha global. Karp, formado en filosofía posmarxista, es el cerebro técnico de la compañía.

Palantir desarrolla sistemas capaces de integrar bases de datos masivas, cruzar información pública y privada, construir mapas de relaciones humanas y detectar patrones de comportamiento. Su plataforma Gotham fue utilizada en operaciones militares y de inteligencia, desde Afganistán hasta la búsqueda de Osama bin Laden.

Una de sus unidades más avanzadas se denomina “Ontología”, un sistema que crea una suerte de gemelo digital de la realidad, conectando datos económicos, sociales, logísticos y personales en tiempo real.

El software fue utilizado por el gobierno israelí en Gaza, y su aplicación ha sido denunciada por organismos de derechos humanos en distintos países.

Entre la seguridad y el control social

El debate no es nuevo: toda tecnología aplicada a seguridad promete eficiencia, pero también abre la puerta al abuso. Experiencias previas en Estados Unidos muestran que el uso policial de Palantir generó desconfianza pública, acusaciones de perfilamiento ideológico y discriminación algorítmica.

El problema no es la tecnología en sí, sino quién la controla y bajo qué límites.

La combinación de decretos de emergencia, concentración de información y empresas privadas de vigilancia plantea una pregunta inevitable:
¿Se está construyendo un nuevo modelo de inteligencia estatal en Argentina sin debate democrático suficiente?

El riesgo de normalizar lo excepcional

Los DNU nacieron para emergencias. Pero cuando la excepcionalidad se vuelve regla, el control institucional se debilita.

En tiempos donde la política se acelera y el capitalismo digital borra la frontera entre lo público y lo privado, el verdadero desafío no es técnico sino democrático: garantizar seguridad sin convertir al ciudadano en un dato vigilado.