Buscan que el Congreso trate en marzo la reforma al Código Penal
05-01-2018 | Politica
 El gobierno quiere que se debata en el inicio del período ordinario de sesiones. Una comisión especial viene trabajando en su elaboración desde hace un año.

 El gobierno busca avanzar a partir de marzo con otra de las patas de la agenda de “reforma permanente” que lanzó el presidente: la reforma del Código Penal (que tiene casi un siglo), un tema que se discute con polémica desde los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. El oficialismo pretende enviar al Congreso el proyecto en el inicio del período ordinario de sesiones, a partir de la iniciativa que elabore la Comisión de Reforma del Código Penal, que en febrero terminará su redacción.

De acuerdo al borrador actual, entre otros puntos la reforma incluirá “parámetros objetivos” para limitar la discrecionalidad de los jueces en la determinación de la pena, y la libertad para morigerarla; se reducirá el beneficio de la libertad condicional; se ampliará la figura del decomiso de bienes, para garantizar la devolución del dinero obtenido a través del delito al Estado. Y, como punto central para el Ejecutivo, se establecerán penas superiores en casos de corrupción y narcotráfico. La reforma se trabaja en una comisión especial creada por decreto de Mauricio Macri en febrero del año pasado, presidida por el juez federal de Casación Penal Mariano Borinsky e integrada por funcionarios, jueces federales, camaristas y fiscales, y con participación de la sociedad civil a través de la plataforma de Justicia 2020.

El 1ª de marzo, en su discurso de inauguración del período 2018 de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente hará referencia la necesidad de un nuevo Código Penal. El actual fue creado en 1921 y, según informan en el Ministerio de Justicia, le fueron aplicados 900 parches durante los últimos casi 100 años. En casi un siglo tuvo, además, 18 intentos de reforma infructíferos y Macri quiere que sea su gobierno quien lo logre.

“No es un código de una ideología sino un código posible, ágil, y esperamos que sea por 100 años más. Entendemos que va a sentar las bases en la Justicia, y partimos de la Constitución y del Poder punitivo del Estado”, afirmó ayer Borinsky, y destacó que se busca “disminuir los márgenes de discrecionalidad judicial estableciendo específicamente las distintas cuestiones en el Código Penal”.

Según el juez, luego del receso de enero, la Comisión retomará el trabajo el 8 de febrero, con la intención de remitir la propuesta al Ministerio de Justicia en marzo, para su posterior envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

Fuentes de Justicia indicaron que el ministro Germán Garavano regresará de su licencia en febrero y entonces comenzará mesas de trabajo con los bloques del PJ. Allí se empezará a definir cuándo se va a presentar la reforma en el Congreso, para que se trate en comisión. Según afirman cerca del ministro, como suelen hacer en el gobierno entendiendo su minoría en ambas cámaras, el proyecto estará abierto a modificaciones.

Los puntos principales de la reforma
Límites a la discrecionalidad de jueces: se establecen pautas objetivas para fijar las penas y evitar demasiado margen de interpretación.
Libertad condicional: los reincidentes no podrán acceder al beneficio, a menos que hayan cumplido 35 años de prisión. No podrán salir antes de cumplir la pena condenados por delitos graves como abuso sexual, homicidio doloso, corrupción de menores, trata secuestro extorsivo, tortura, terrorismo y desaparición forzada, entre otros.
Narcotráfico: se elevan penas para distintos eslabones de la cadena del negocio, se agrega la figura de “organización internacional dedicada al narcotráfico” y se establece la prisión perpetua para jefes u organizadores.
Corrupción: se elevan las penas de delitos como enriquecimiento ilícito de funcionario de 1 a 6 años de prisión a 3 a 10 años. Las penas por corrupción tendrían agravante si el delito lo comete el presidente, ministros, gobernadores, vices o legisladores. El plazo de comisión del delito de enriquecimiento se amplía hasta 6 años después del cese en el cargo (actualmente 2).
El Código penal actual fue creado en 1921. Según el ministerio de Justicia, le han sido aplicados 900 “parches” durante los últimos casi 100 años.