La justicia porteña suspendió la audiencia pública programada para este martes en la que se iba a discutir el nuevo cuadro tarifario del subte, una decisión que retrasaría la implementación de la propuesta del gobierno porteño de aplicar un primer aumento en abril.

En la audiencia, convocada por el Decreto 32-GCBA-2018, se iba a tratar la tarifa el aumento de la tarifa del subte, que el gobierno porteño pretende llevar el boleto a $ 11 a partir de abril y a $ 12,50 desde junio.

Según argumentó en su fallo el juez Guillermo Scheibler, el decreto de convocatoria a la audiencia estableció "dos lugares y dos plazos distintos" para consultar la información a debatirse en la audiencia, lo que constituye un “engorro para quienes deseen participar".

De esta manera, dio lugar a una medida cautelar presentada por los diputados porteños Myriam Bregman y Patricio del Corro (PTS - FIT), junto a Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte y miembro de la Comisión Directiva de la AGTSyP; Brenda Hamilton, presidenta del CEFyL, y Marilina Arias, de la comisión directiva del sindicato docente ADEMyS, en la que se cuestionaba “la falta de información para el nuevo aumento de tarifas del subte.

La diputada Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda, confirmó el fallo y afirmó que “el juez nos dio la razón a la cautelar que presentamos y confirmó que pretendían una audiencia folclórica sin dar ninguna fundamentación para el tarifazo de 66 por ciento que querían imponer. Ni el Gobierno de la Ciudad, ni SBASE ni Metrovías han dado información sobre los costos reales en que se apoyan para este tarifazo, y mantienen como un secreto de Estado la tasa de ganancia que todos los porteños le estamos subsidiando a la empresa Metrovías, que en 2017 estimamos debe haber superado largamente los $ 2.000 millones en aportes públicos”.

Por su parte, el diputado Del Corro agregó que “esto es más urgente aún, porque no se sabe qué hace esta empresa privada con los millones de subsidios recibidos, ya que el servicio sigue siendo muy pobre. Mientras, el PRO se niega a cualquier auditoría de qué se hizo con toda esa plata y solo pretende aumentar las tarifas para garantizar los negocios de las empresas que están peleando por el botín de la licitación del servicio para el año que viene”.

"A los funcionarios del Gobierno de la Ciudad se los ve mucho más preocupados por el aumento que en corregir las fallas graves que ponen en riesgo la vida de los usuarios y trabajadores, como se confirmó estos días con los materiales cancerígenos que tienen los coches usados comprados en un negociado con el Metro de Madrid. En los últimos años murieron cinco compañeros del subte trabajando. Necesitamos que el servicio esté bajo el control de los trabajadores y los usuarios”, concluyó Bregman.