Mientras se van conociendo más revelaciones sobre la bitacora “de la corrupción” escrita por el chofer Oscar Centeno, empieza una semana clave en la causa que investiga el juez Claudio Bonadio, que arranca con las indagatorias a una extensa lista de sospechosos que aún no tienen orden de detención, mientras en fuentes judiciales no descartan que alguno de los ya apresados, pida declarar como arrepentido. En principio se habla de al menos dos empresarios y de un ex funcionario de segunda o tercera línea, aunque no trascendieron sus nombres.

De este modo, estos posibles nuevos arrepentidos seguirían el camino que abrió el ex directivo de la empresa española Isolux, Juan Carlos De Goycoechea, quien le apuntó a Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, como el responsable de las “extorsiones” para que realizaran entregas de dinero como “aportes de campaña” a cambio de liberar los pagos de las obras.

Los empresarios que menciona Centeno en sus apuntes, aún permanecen detenidos en la sede de la división Drogas Peligrosas de la ciudad de Buenos Aires, pero en las últimas horas no descartaban que también puedan ser trasladados al Penal de Ezeiza, que pasaría a ser un “encierro” más riguroso para los imputados.

De Goycoechea, ex responsable en Argentina del grupo constructor y energético Isolux Corsan, ni bien se entrego el viernes, solicitó ingresar en el programa de protección de ‘imputados-colaboradores’ para lo cual debería aportar datos significativos a la investigación.

Según fuentes judiciales, el empresario dijo que desde el Ministerio de Planificación -responsable de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- “había aprietes (presiones) para aportar a las campañas” electorales.

Sin embargo, aseguró que los montos eran muy inferiores a los 12,8 millones de dólares que le imputó en la causa el juez Bonadio.

Ayer trascendió que De Goycoechea reconoció en una foto -tomada hace muchos años atrás por el chofer, actualmente con identidad protegida- a Baratta mientras esperaba en las puertas de su oficina con un bolso, presutamente para el retiro de la coima.

Según la fiscalía, los supuestos sobornos -pagados por empresarios en un sistema de recaudación que terminaba en la Casa Rosada o en la residencia presidencial de Olivos durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner- podrían alcanzar los 160 millones de dólares.

Desde que la investigación salió a la luz el miércoles, la Justicia ha detenido a ocho ex funcionarios y ocho empresarios, entre ellos un ex directivo de IECSA, la compañía que perteneció al grupo empresarial de la familia del presidente Mauricio Macri. Aún hay un ex funcionario de la entidad binacional Yacyreta prófugo: Oscar Thomas.

Entre otros 20 imputados, figura la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, quien fue citada a indagatoria el 13 de agosto.

Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia, también imputado, pidió la nulidad de la causa por “la manera extraña” en que ésta quedó en el juzgado de Bonadio, a quien recusó por “evidente parcialidad”, según un escrito de sus abogados difundido este sábado.

En el marco de esta causa que investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo, arranca desde hoy, con cuatro empresarios, una ronda de indagatorias, que sigue mañana con Javier Fernández, a quien se lo sindica como “operador judicial” en los años de gobierno kirchnerista y el santacruceño Rudy Ulloa, histórico asistente del ex presidente Néstor Kirchner devenido en empresario. El miércoles tiene turno el ex juez Norberto Oyarbide.