Con el objetivo de avanzar con la extinción de dominio, el Gobierno buscará subastar los bienes expropiados de la corrupción y el narcotráfico, que ingresen al Estado, para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por los depósitos y la custodia de los mismos.

“Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina”, señaló el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, a La Nación.

Mientras tanto, según informa el mismo diario, el Poder Ejecutivo, le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio, para que el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo.

En paralelo, en la Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.

Cabe recordar que el DNU de extinción de dominio que emitió el Gobierno de Mauricio Macri determina que, una vez que un juez civil lo ordene, “la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados” a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete.

Además la normativa incluye la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una “venta anticipada” de los activos.

Por último, consultado sobre qué harán con los bienes si sus dueños originales son sobreseídos en la causa penal, desde la AABE señalaron que estudian la creación de un “fondo de garantía” encargado de resguardar un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.