En un principio la obra iba a ser financiada con 30 millones de pesos por parte del Estado Nacional. Ese financiamiento trepó a 109 millones y aún falta un 30% para que se termine la construcción.

Fernando Alvarez de Celis, secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación fue quien presentó la denuncia ante la OA. El primer acuerdo fue suscripto por el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el intendente de Comodoro Rivadavia en ese momento, Raúl Simoncini.

En octubre de 2006 el convenio específico estableció la transferencia de 30 millones de pesos desde el Estado Nacional al municipio. El plazo de ejecución de la obra se fijó en 540 días. Dos meses después, Abel Fatala por la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Intendente Martín Buzzi por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, firmaron un acta complementaria mediante la cual se amplió la asistencia financiera en casi 14 millones de pesos.

La obra quedó paralizada durante 4 años. En 2013, y ya con la empresa CPC de Cristóbal López a cargo, se firmó una ampliación de financiamiento de 42 millones de pesos y se dispuso un nuevo plazo de finalización de obra de 605 días a partir de octubre de ese año. En abril de 2014 se convino una nueva ampliación de financiamiento. Así, el costo total trepó hasta 109 millones.

En 2018, un informe encargado por el denunciante detalló que hasta ese momento ya se habían transferido al Municipio por la obra en cuestión la suma de $ 60.128.368,88 mientras que, la obra tenía un avance del 70,55%.

Para la OA, “el relato del denunciante ha sido avalado con los numerosos documentos aportados al legajo que dan cuenta de los sucesivos convenios suscriptos, las transferencias efectuadas, las actas de inicio de obra, y en especial el informe de estado y avance de obra que reveló las irregularidades en su ejecución”. Y agrega que “se advierte que el Estado Nacional ya habría pagado por dicha obra la suma de $60.128.368,88 -contra los $ 30.054.914,25 previstos originariamente- no obstante lo cual la obra no fue finalizada”.

En la denuncia, la OA además destacó que “la obra se encuentra en un estado de abandono general y vandalización de lo ejecutado que obligará además, en caso de continuarse, a efectuar nuevos cálculos y erogaciones a fin de poder finalizarla con parámetros de calidad y seguridad”. Y recordó que se trata de “una obra que estaba prevista originariamente para ejecutarse en el plazo de 540 días en el año 2006 (18 meses) terminó llevando más de 12 años, con una ejecución del 70%., tomándose como excusa una dilación en la remoción de una estación reguladora que debió haberse previsto antes de la ejecución del proyecto y que sólo sirvió para que el Estado siguiera efectuando redeterminaciones de manera escandalosa”.

La causa, por administración fraudulenta contra la administración pública, la investiga el Juzgado Federal N° 1.