El Senado dio media sanción a la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos y que busca darle mayor transparencia al sistema de aportes en las campañas electorales. Con 47 votos a favor - 10 más de la mayoría necesaria - y 2 en contra, el oficialismo logró destrabar una de las leyes que venía impulsando desde las sesiones extraordinarias a fines de 2018.

Puntualmente se establece que los partidos políticos podrán obtener sus recursos "mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”. Entre los puntos clave de la iniciativa, se habilita las donaciones de personas jurídicas con un tope del 2% de los gastos autorizados por la justicia.

Además se establece la bancarización de todos los aportes, con el objetivo de poder tener un seguimiento del dinero utilizado. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, explicó que el objetivo es saber el origen de "cada peso que pone un particular" al mismo tiempo que los partidos deberán informar a la Justicia electoral el destino de los fondos.

El principal punto de desencuentro entre los bloques era la por la posibilidad de permitir que los sindicatos y asociaciones profesionales puedan aportar en los espacios políticos. Mientras que desde el justicialismo sostienen que esa prohibición se debe levantar, desde Cambiemos se oponen a la medida. Si bien la iniciativa fue aprobada en general, resta saber que pasará en la votación particular respecto a este artículo en cuestión.

Además de la cuestión puntual de financiamiento, el proyecto de ley abarca una serie de reformas a la ley electoral donde se pone el foco en distintos asuntos. Uno de los ejes del debate pasa por el porcentaje de publicidad digital destinado a medios nacionales y provinciales: la iniciativa obliga a destinar el 60% de la publicidad digital de la campaña a medios nacionales (35%) y provinciales (25%).

La ley también modifica los plazos de la campaña, extendiendo la prohibición de actos de Gobierno para influir en la votación hasta los 25 días previos a los comicios. También se reduce el tiempo de avisos publicitarios en los medios de comunicación a los que acceden los partidos de un 10% en la actualidad a un 5%.

Asimismo, la Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo el registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos. Además obliga a los partidos políticos a rendir cuentas sobre su campaña en los medios digitales.