Las candidatas se refirieron a las alarmantes estadísticas que señalan que: “El 70 % de las mujeres asesinadas en Argentina son víctimas de femicidios. El año pasado entraron sólo por comisarías 500.000 denuncias por violencia de género. A eso hay que sumarle las que ingresan a través de las fiscalías y las que no se realizan. Y sin embargo sigue siendo un delito de acción privada, si bien hay un proyecto de la ministra Patricia Bullrich para que sea de acción pública, lo cual implicaría que un tercero puede denunciar y eso obliga a una investigación judicial. La violencia es un flagelo, año tras año los femicidos representan un porcentaje cada vez mayor del total de los homicidios dolosos de mujeres”.

Sobre la ley nacional Micaela, Lucía Romano, actual comunera y miembro de la Mesa de Mujeres de la CCARI, remarcó que “obliga al personal de los tres poderes del Estado a capacitarse en género, lo cual sirve para deconstruir viejas formas de vincularnos e incorporar nuevos modelos y modos de socialización. Es un claro ejemplo de una norma transversal trabajada por mujeres de distintos bloques, que trascendió a todos los partidos políticos y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores”.

En cuanto a la desigualdad de género a la hora de ocupar cargos ejecutivos, tanto del ámbito privado como público, sostuvieron que “sólo el 22% de los cargos directivos en el sector privado son ocupados por mujeres. Esto se debe a distintos factores, algunos de ellos la presunción de maternidad y la toma de licencias que esta implica. Paralelamente, en el sector público, en el poder Ejecutivo, sólo se desempeñan un 28% de mujeres. Para que el mercado laboral no siga expulsando a las mujeres de los lugares de poder debemos dar la batalla para modificar el sistema de licencias, por ejemplo, es necesario ampliar la licencia para los padres”.

Por último, Lucía Romano se refirió a la necesidad de debatir en la legislatura el proyecto presentado por el legislador Maximiliano Ferraro de Cupo Trans ya que “el 95 % de las personas trans trabajan en la prostitución y tienen una expectativa de vida de sólo 35 años. Se trata de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, por eso urge generar políticas públicas pensadas para mejorar su calidad de vida y que le den visibilidad al tema”.