En ese marco, la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal –que agrupa a los jueces encargados de definir las situaciones de encierro- lanzó un fuerte comunicado en el que reclamó por la forma que adquirió el debate público por el tema carcelario. Advirtió además por las amenazas de destitución (provenientes desde la política) respecto de decisiones de magistrados y aclararon que eso afectaría la independencia judicial. En el fuero penal “ordinario” de la Capital Federal no están mejor: todavía no salen de su asombro tras el fallo “exprés” que dictó la inconstitucionalidad de una acordada de la Casación Nacional, algo sin muchos precedentes.

Riesgo: jueces en charlas informales por zoom, llamadas y chats están empezando a hastiarse de la situación y el efecto “cacerolazo”. “No sale más nadie por Covid”, deslizan como lamento. Si esto será así se verá en los próximos días, aunque todavía no hay una postura homogénea.

El Fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve había impugnado la resolución de Violini mediante un recurso de inaplicabilidad de ley, pero la Sala I de ese tribunal terminó por declararlo inadmisible, entendiendo que, los agravios terminaban por ser meramente teóricos sin acreditación o argumentación en referencia al perjuicio actual y concreto que exige el planteo de cualquier cuestión federal. Se consideró “innecesaria” la vía extraordinaria en lo técnico porque en el fondo coincidía con la resolución de fondo. Por eso, ayer fue en “queja” a la Corte bonaerense.

Solicitó que se revoque esa denegatoria, y se resuelva. Pero lo más relevante es que pidió una medida cautelar para suspender los efectos de la decisión de Violini, algo que, podría hasta escalar incluso hasta la Corte Suprema de la Nación. Idas y vueltas de un problema que en PBA se inició –antes de la cuarentena- con cierto criterio respecto a la necesidad de reducir la superpoblación carcelaria ante el riesgo de epidemia de contagios del Covid-19 en los penales. Fue antes de la irrupción de la “grieta” que sorprendió a todos los que habían dado pasos sobre este tema.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Insistieron en que los jueces que tienen a cargo decisiones basadas en recomendaciones sanitarias, con participación de las víctimas y estén fundamentadas, pueden ser recurridas ante tribunales superiores. “Que los centros de cumplimiento de condenas no se transformen en lugares de contagio masivo es vital para toda la ciudadanía”, resaltaron. Y pidieron algo obvio: que se distingan las domiciliarias de los demás tipos de salidas de presos. Algo elemental que fue confundido en los últimos días por medios, opinólogos y hasta por propios jueces.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires disparó con números: las cárceles bonaerenses alojan a 45 mil presos con lugar para 24 mil, lo que “desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales” y “puede generar responsabilidad del Estado”. Eso cristaliza algo que se empezará a discutir cuando pase la pandemia y se haga el balance de lo ocurrido bajo responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. “Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras”, indicaron para resaltar que cada decisión fue analizada no para que luego haya amenazas de iniciar procesos de enjuiciamiento. Y que ante las deficitarias condiciones se de una suerte de ayuda “legislativa” para que las víctimas tengan asegurada la participación.

La Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal apuntó otro problema: “las recomendaciones dictadas por tribunales superiores, así como su jurisprudencia conforman criterios de interpretación y pueden ser tomados o rechazados por el juez”. “Desconocer la evidencia científica” o “proponer mediáticamente soluciones de imposible concreción conforman una irresponsabilidad manifiesta”, puntualizaron. Un resumen del subsuelo argumentativo en el que ingresó la discusión en la Argentina.

Gabriel Morini