Con diferentes enfoques e ideologías, la mayor parte de las estrategias económicas aplicadas en la Argentina en los últimos 80 años fracasaron, y esas experiencias tienen rasgos comunes, como un sesgo antiexportador (ya sea por atraso cambiario y/o por medidas contrarias a la exportación), déficit fiscal y/o externo y apuestas fundadas sólo en el consumo (deliberado o no), con baja inversión e inserción externa.

La administración de Alberto Fernández, un gobierno a priori de centroizquierda, con una conformación muy heterogénea, comenzó su período con un enfoque relativamente moderado en la política económica (o más moderado que lo que se esperaba), respondiendo en mayor medida a la visión presidencial.

Al principio se plantearon como objetivos bajar la tasa de inflación, mantener un tipo de cambio real relativamente elevado, cuidar las reservas del Banco Central (BCRA) y aumentar la protección de la industria nacional, a la par que se mencionaba la importancia de las exportaciones (si bien se las gravaba en mayor medida).

En materia fiscal, se exhibía la intención de solucionar el problema de la deuda, con una política de impuestos y erogaciones que apuntaba a no empeorar demasiado el déficit primario de 2019 (escaso 0,44% del PIB). En definitiva, una política económica similar a la del período de gobierno de Néstor Kirchner, aunque en un contexto no del todo parecido.

Esa estrategia tenía alguna chance de lograr crecimiento económico a mediano o largo plazo, pero las mejoras no serían inmediatas. Ayudaba el hecho de que recién comenzaba el período de gobierno, por ende, la próxima elección aparecía lejana.

Pandemia

Con la irrupción del coronavirus y de las medidas de aislamiento social obligatorio aplicadas desde marzo (necesarias inicialmente para reducir la expansión de los contagios), la economía sufrió un shock de oferta, que se sumó al shock de demanda inducido por las menores compras del resto del mundo.

En consecuencia, en el mejor escenario, en que desde el tercer trimestre de este año se morigeraría el efecto de la pandemia sobre la economía, aun así en 2020 existirá una caída del PIB no menor al 7%.

Y por supuesto, el descenso puede ser peor si las condiciones sanitarias tardan en mejorar. Las medidas compensatorias aplicadas por el Gobierno para aliviar la caída de ingresos de familias y empresas tendrán un costo fiscal de entre 2,5 y 3,2% del PIB.

Lo anterior, sumado a una alicaída recaudación de impuestos, derivará este año en un déficit primario del sector público nacional de entre 4,7 y 6,4% del PIB. Habría que retroceder hasta 1975 para encontrar un desequilibrio primario de tal magnitud.

Con escaso financiamiento, el bache fiscal se cubrirá totalmente con monetización del BCRA, por lo que la emisión monetaria por motivos fiscales podría llegar hasta 6,4% del PIB, duplicando el máximo anterior de la última década, que fue en 2014 (3,2%).

Por cierto, el mayor riesgo es que suba mucho la inflación, aunque no será una amenaza letal en medio de la recesión. En cambio, cuando la economía comience a normalizarse, si se mantiene el excedente monetario sí podría subir la tasa de inflación, aunque el riesgo de hiperinflación sólo será latente si el mayor déficit fiscal y su monetización se mantienen luego de la pandemia, en lugar de tener efectos transitorios.

Pandemia y después

Está claro que el presidente Alberto Fernández tomó una economía en recesión y que tras el impacto de la pandemia la actividad estará aún peor.

La economía mundial seguirá resentida en los primeros meses post pandemia, lo que probablemente hará dudar al Gobierno sobre la conveniencia de la estrategia exportadora, que como se planteó al comienzo, es necesaria para el crecimiento sostenido a largo plazo. Y las elecciones de medio término estarán a la vuelta de la esquina, lo que, sabemos, puede afectar las decisiones en economía.

Para entonces, será importante lo que haya ocurrido con la deuda pública y también el grado de apoyo popular que tenga el Presidente tras los efectos del Covid-19 (por lo pronto, aumentó significativamente su imagen positiva).

Si la Argentina no cae en default y el presidente comienza 2021 con una alta aceptación popular, hay chances que se retome un sendero de políticas moderadas, como al inicio del período de gestión. Como planteamos antes, esa estrategia tiene posibilidades de impulsar crecimiento a largo plazo, aunque la recuperación no sería rápida ni intensa.

En cambio, si 2021 amanece con el Gobierno en default y/o con mala imagen, la cercanía de las elecciones y la situación internacional podrían inducir un cambio de estrategia económica, quizás más parecida a la de los gobiernos de Cristina Fernández, por lo que se podría recurrir a una fuerte expansión del gasto público y de los salarios, para mejorar el consumo, manteniendo alto el déficit fiscal, que en gran medida se monetizaría.

En esa situación, usaría el dólar oficial como ancla contra la inflación, por lo que se mantendría o ampliaría la brecha cambiaria e iríamos hacia un nuevo atraso y problemas de competitividad, con lo cual se acentuarían los cepos cambiarios y sobre las importaciones.

El BCRA comenzaría a perder reservas y, de caer demasiado su nivel, en algún momento podría resultar inevitable una fuerte suba del dólar oficial. Si ocurriese sobre la base de una inflación ya alta, aumentarían los riesgos de una inflación galopante. No necesariamente se trataría de una evolución rápida, de hecho, todo el segundo período de Cristina Fernández evidenció esas características y el ajuste cambiario y tarifario quedó para la siguiente administración.

Con una visión de largo plazo, queda claro que conviene que, una vez superados los efectos de la pandemia, el Gobierno retome el primer camino, cuyos resultados positivos podrían demorarse, pero serían más duraderos en el tiempo.

Marcelo Capello
Presidente del Ieral de Fundación Mediterránea
Ilustración de Eric Zampieri