Abogado de Macri: Detrás de las denuncias de espionaje hay un claro proceso de venganza
17-06-2020 | Politica
 Pablo Lanusse, flamante defensor del expresidente, calificó así las denuncias por presunto espionaje ilegal que pesan contra el líder de Juntos por el Cambio. Y le apuntó directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ex fiscal Pablo Lanusse, flamante abogado defensor de Mauricio Macri, aseguró hoy que las causas por presunto espionaje ilegal impulsadas por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, contra su cliente son parte de “un claro proceso de venganza” del que forma parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El exfiscal se sumó al equipo judicial que asesora a Mauricio Macri para enfrentar las cinco causas en las que se investiga al ex Presidente por presuntas maniobras de espionaje sobre políticos opositores, oficialistas y periodistas.

Lanusse dijo que hasta el momento ha podido acceder a la primera denuncia que hizo Caamaño contra Macri en Comodoro Py, presentando como prueba un disco rígido que supuestamente la intervención de la AFI encontró en instalaciones de la agencia federal.

“En función de eso se hizo una denuncia bastante tirada de los pelos. Quiero ser muy respetuoso, pero francamente las dos presentaciones tienen algunas connotaciones de enorme irregularidad. Estas cuestiones las voy a presentar en Tribunales”, dijo.


El abogado consideró que tanto el juez Marcelo Martínez de Gorgi como el fiscal Jorge Di Lello han trabajado hasta el momento con un “criterio bastante prudente” en esa causa, que se tramita en Comodoro Py.

Al abogado le parece “llamativo”, según dijo, que Caamaño haya hecho una denuncia en Comodoro Py y tiempo después haya hecho otra denuncia muy similar en los tribunales de Lomas de Zamora también por presunto espionaje.

Esa segunda denuncia es sobre unas carpetas con información de 503 periodistas, empresarios, académicos, dirigentes sociales y políticos. “Esas carpetas las encontraron en enero. ¿Qué pasó entre enero y junio que no hicieron la denuncia?”, se preguntó Lanusse, quien también es abogado de Sara Garfunkel, la madre del fallecido Alberto Nisman.

Una parte de esa denuncia va contra lo “perfiles ideológicos” que hizo la AFI sobre periodistas en el marco de las cumbres de la OMC en 2017 y del G20 en 2018 en Buenos Aires, de las que participaron trabajadores de prensa de todo el país y el exterior.

Lanusse se preguntó también por qué el Gobierno fue a dos juzgados distintos. Y marcó también que le llama la atención que desde el arranque se incorpora “casi tirado de los pelos” la figura de Mauricio Macri, a quien ya se le pide la declaración indagatoria.


“Esto nos hacen temer sobremanera”, dijo Lanusse y remarcó también que “las apariciones sobreactuadas de la vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner) con su ida al juzgado de Lomas de Zamora”, que fue mostrada con un video editado del viaje.

“Estas cosas nos hacen estar convencidos de que detrás de todo esto hay un claro proceso de venganza y de retorcer una situación para tratar de atribuirle a él (Macri) una responsabilidad que no tiene”, dijo el abogado en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y celebró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se haya constituido como querellante tras aparecer como uno de los damnificados del presunto espionaje ilegal que habría hecho la AFI cuando era conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.


“Quiero ser enfático en algo, con el mismo norte que tiene Mauricio Macri: nosotros no vamos a buscar la impunidad de nadie… si alguien cometió un delito… Si alguien incumplió la ley tendrá que dar sus explicaciones ante la Justicia”.

Lanusse dijo que “lo que no se puede es torcer el camino de los hechos para buscar persecución sobre personas que no tienen nada que ver como es el ingeniero Mauricio Macri”.

Y calificó como “mucho más graves” las manifestaciones “absolutamente brutales” que hizo la vicepresidenta queriendo atribuir a la principal fuerza de oposición que hoy existe en la Argentina una calificación “de asociación ilícita”.