Presentación de CABA ante l... by a24.com

Según pudo saber A24.com, este nuevo capítulo implica una declaración de guerra al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Significaría, lisa y llanamente, transformar la seguridad porteña en un ministerio más del gobierno nacional: una pérdida absoluta de la autonomía. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, también es ministro de Justicia y Seguridad del distrito, y quedaría a merced de la Casa Rosada.

“Alberto no tiene límites, se está suicidando con este autoritarismo”, señaló una diputada de Juntos por el Cambio. Esa sensación era generalizada ayer en la oposición. Pero incluso, en algunos sectores albertistas puros no entienden la escalada de Alberto, que sobreactúa su dureza presionado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si se aprueba la ley en el Congreso, la seguridad quedaría subordinada así a la secretaría de Hacienda de la Nación que dirige Raúl Rigo, por debajo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero la decisión final de los giros, que serían mensuales y no diarios como ahora, dependería de la discrecionalidad de Alberto o de Cristina, según los humores cambiantes de la política.

En lo político, este nuevo sablazo a los recursos porteños -si es convalidado por el Congreso- sería un mensaje a todos los gobernadores: quien saque los pies del plato en el futuro correría la misma suerte que Rodríguez Larreta.

El procurador porteño, Gabriel Astarloa, presentará este viernes la demanda ante la Corte Suprema para reclamar que frene la quita del 1,18% de la coparticipación anunciada la semana última por el Presidente. Son unos 36.000 millones de pesos anuales, 99 millones que gotean día a día en forma automática no bien ingresan los impuestos de los ciudadanos a la AFIP.

Esos recursos fueron derivados por decreto a la provincia de Buenos Aires para que el gobernador, Axel Kicillof, pueda aumentarles los salarios a los policías bonaerenses y resolver una crisis policial.

Esta semana, los intendentes le reclamaron que los repartiera entre todos los municipios con el índice del resto de la coparticipación de 16,5%, unos 8000 millones. Kicillof respondió que no son coparticipables y anunció un giro de 1500 millones de pesos de otra caja provincial para calmar a los alcaldes del PJ.

La Casa Rosada sabe que, tal como adelantó A24.com el martes último, la Corte podría conceder una cautelar y suspender de inmediato la ejecución del decreto 735 de Fernández en sólo un par de días para luego resolver, más adelante, a la cuestión de fondo.

La Corte tiene jurisprudencia que favorece la postura de la Ciudad: según el artículo 75 inciso 2 de la Constitución, cuando cede competencias a las provincias, la Nación está obligada a darles los mismos recursos con los que las financiaba previamente.

Por esa cautelar, la Ciudad recuperaría el 1,18% de la coparticipación. ¿Cómo se arreglaría Kicillof para dar el aumento a los policías? Es la pregunta del millón. Pero el Presidente busca ahora que el Congreso pase por encima de ese fallo de la Corte y elimine semanas más adelante el total del 2,1% de la coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri le cedió en 2016 a la Ciudad, unos 70.000 millones de pesos.

El interrogante es si todos los diputados no oficialistas convalidarán el despojo subordinados a Balcarce 50. Pero es posible que el oficialismo logre los votos suficientes. En ese caso, la decisión del Congreso podría quedar enfrentada con el fallo de la Corte.

Con esos 70.000 millones se financia hoy la Policía de la Ciudad y toda la seguridad porteña. Solo le quedaría a la Ciudad el 1,4% de la coparticipación que tenía antes de 2016, unos 51.000 millones de pesos.

A cambio de esa quita, la eventual ley propone estipular el costo de la seguridad porteña en 24.000 millones de pesos, a valores de 2019. Es poco más de un tercio de los 70.000 millones que cuesta hoy la seguridad porteña. La Ciudad así debería reasignar partidas de todo el presupuesto. Pero además, ese monto debería ser renegociado año a año entre la Ciudad y la Nación para asentarlo en el presupuesto nacional. Y los giros los haría mensualmente la Secretaría de Hacienda, de Rigo. En la Ciudad lo tomaron como un ataque artero a la autonomía, no ya una provocación.

El Gobierno decidió comenzar a combatir a Rodríguez Larreta porque hoy es el principal candidato presidencial de Juntos por el Cambio y en las últimas semanas sobrepasó en imagen positiva al Presidente. Eso es imperdonable para Cristina, que impulsa como candidato presidencial a Kicillof para 2023. Le quitó a su enemigo para darle a su amigo.

No obstante esa tensión, Alberto recibió anoche a Kicillof y a Rodríguez Larreta en Olivos para coordinar la prórroga por otras tres semanas de la cuarentena, sin mencionar esa palabra, a partir del lunes próximo. En la Ciudad se mantendrán las aperturas y podrían agregarse otras. En la Provincia se abrirá la construcción privada, pero tal vez no desde el lunes sino desde la otra semana.

El foco de Alberto Fernández estará puesto en el interior del país, donde recomendará el regreso a fase 1 de cuarentena a las ciudades más afectadas de las provincias más contagiadas, como Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán o Córdoba. El mayor énfasis, también, tanto en el AMBA como en el interior, estará puesto en la responsabilidad individual.

Alberto sabe que la cuarentena está agotada por fatiga social y económica. El mensaje lo dará sin Kicillof ni Larreta luego de un anuncio de obras en el complejo médico Churruca Visca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión a solas en Olivos fue cordial y hubo gestos de compromiso. Pero lo cierto es que hasta la semana última, la Ciudad recibía 3,5% de toda la coparticipación nacional, 126.000 millones de pesos. Desde el decreto 735, pasó a recibir 90.000 millones y luego de la eventual ley solo recibiría el 1.4%, unos 51.000 millones. “Es decir que nos sacarían el 2,1% (70.000 millones) y nos obligan a tener que discutir todos los años el gasto en Seguridad en la discusión del presupuesto nacional. Hoy, en el presupuesto 2020, la partida asignada para la Policía de la Ciudad era de 63.000 millones”, señalaron en el Ministerio de Hacienda porteño que dirige Martín Mura.

La Corte le daría la espalda al Gobierno en el capítulo de los recursos porteños. Pero, tal como quiere el Gobierno y Cristina, convalidaría la anulación de los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que dispuso el Senado el miércoles último al rechazarles los pliegos de designación en sus actuales cargos de camaristas. Aunque es posible que la Corte deje pasar el tiempo para estudiar el caso. “El tema podría durar años”, señalaron a A24.com en lo más alto de tribunales.