El Gobierno oficializó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos para las viviendas en alquiler y detalló algunas cuestiones para aquellos contratos de locación que se encuentren en una situación de judicialización por desalojo.

A través de la resolución 5/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Desarrollo Territorial explicó que el protocolo intentará cumplir con tres objetivos: sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial; desarrollar un registro para identificar a las personas y familias; y proponer convenios de colaboración y asistencia para saber cómo actuar.

El protocolo se aplicará en los casos de alquileres donde se enfrente un proceso de mediación o judicialización en los contratos alcanzados por el decreto de la prohibición de desalojos. Además, será válido solo para aquellos alquileres cuyos acuerdos se encuentren declarados ante la AFIP.

En el registro se apuntarán los siguientes datos: información personal de los locatarios y locatarias; composición del grupo familiar o conviviente; registro del contrato en la AFIP; plazo de vigencia de la locación, canon locativo, monto y frecuencia de actualizaciones, pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del locatario.

También se tomará conocimiento de las condiciones edilicias y características de la vivienda en alquiler; los ingresos, deudas y otras cuestiones económicas; así como el estado de la situación judicial del desalojo. Sobre este punto, se deberá detallar la jurisdicción, el órgano judicial, el fuero y la sentencia.

En tanto, la resolución detalló que el protocolo priorizará brindar soluciones habitacionales a familias monomarentales y monoparentales, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, en extrema pobreza y/o indigencia.