El fiscal federal Diego Luciani lanzó duras acusaciones este lunes por la mañana en el alegato del proceso contra los 13 imputados en el juicio conocido como “Vialidad”, en el que los principales imputados son la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez.

“Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, sentenció el fiscal en el alegato de acusaciones y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”.

Tras la feria judicial se realiza la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 en que el fiscal de juicio pidió nueve audiencias para presentar las pruebas.

"Se trató de una sanción ilícita, piramidal, organizada por distintos funcionarios públicos. Valiéndose de las competencias y poder político realizaron la maniobra. Al asumir Néstor Kirchner y Cristina Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que tristemente se hayan visualizado en el país", agregó el fiscal Luciani.

Y continúo: "Lo extraordinario radica en las características inusuales, una férrea estructura, perpetuaciones de tiempo, ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios".

"Se adjudicaron obras públicas viales en Santa Cruz y de la noche a la mañana se convirtió en empresario a Lázaro Báez", sentenció el fiscal.

Luciani expuso también fuertes críticas contra la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la absolución de la ex mandataria. Por lo tanto, la Fiscalía representa la única acusación que queda en pie. Si Luciani no pidiera una condena, el juicio se cae.

“Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9 jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias”, anticipó.

¿Qué es la causa de Vialidad? 

Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total. Muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Cabe recordar que todo se originó con la llegada de Cambiemos al Gobierno. Entre enero y febrero de 2016, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En aquel momento, no se analizó si existían sobreprecios en las obras, pero sí se pudo determinar que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, que pertenecían a Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani.

Causa vialidad ¿quiénes son los imputados?

Junto a la expresidenta son juzgados Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos.

Además, se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza. Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

En el caso del empresario Lázaro Báez, ya tiene una condena a 12 años de prisión como autor de lavado de dinero agravado en dos oportunidades: en la expatriación y el reingreso de fondos; y en la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en Mendoza.