Desde Juntos por el Cambio proponen que los bloqueos a empresas sean considerados delitos penales
26-09-2022 | Politica
La iniciativa es encabezada por la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado y argumentan que esas acciones son “considerados un menoscabo a la propiedad privada”.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) junto a otros catorce legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley mediante el cual se sanciona con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Asimismo, quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.

Entre los argumentos, plantean que “los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada”, y explican que “a través de la intimidación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo”.

En otra línea, advierten que “la extorsión, argumentando motivos sindicales, se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional”, y ejemplifican: “En este último tiempo, fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express”.

“Por este motivo, a diferencia de otras iniciativas presentadas en el mismo sentido, en la presente se solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada”, sumaron.

Entre los fundamentos, la legisladora cordobesa expresa que “el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos”.

Este proyecto de Rodríguez Machado cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, José Núñez, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Héctor Stefani, Pablo Torello y Mercedes Joury.