Tras el asesinato de la oficial Maribel Salazar en la estación Retiro de la Línea C del subte, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y Marina Kienast, junto a otros dirigentes de ese espacio, encabezaron una denuncia contra funcionarios del Gobierno Nacional por trabar la compra de armas taser.

De esta manera, los Administrativos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fueron denunciados por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, por dilatar de manera arbitraria la autorización de importación de armas de baja letalidad (pistolas taser) por cuestiones “ideológicas”.

Luego de que ANMaC autorizara la adquisición de las taser por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable, Ramiro Urristi, debió renunciar al cargo y, a partir de ese momento, el organismo comenzó a “dilatar injustificadamente” la autorización de importación; en una demora que ya lleva más de un año y medio.

En la denuncia se explica que “en el expediente EX-2021-16188685-APN-DNRYD#ANMAC, DAJ N° 0547/21, Expte. N° 4-9383000, la ANMaC habría previamente autorizado la adquisición de un lote de sesenta armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego de ello, el funcionario autorizante fue desvinculado del organismo, quedando _sic tunc_ ‘trabada’ la importación”.

Además recordaron que el Gobierno porteño ya cuenta con una sentencia de primera instancia favorable, dictada recientemente en un amparo por mora, con el objetivo de obligar a la ANMaC a resolver el pedido de autorización para importación.

Respecto de esta situación, García Moritán se preguntó: “¿Cuándo van a entender que las mezquindades políticas, así como la corrupción, cuestan vidas? ¡Hagan su trabajo y cuidemos a quienes nos cuidan!”.

Por su parte, Kienast señaló que “con las Taser podríamos evitar muchas muertes porque es una herramienta más con la que cuenta la Policía para poder realizar bien su trabajo. Es absolutamente ridículo que no se puedan usar por una decisión arbitraria del Gobierno Nacional”.