Con el impulso del Ejecutivo para tratar el Régimen Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, la baja de la edad de imputabilidad ha dejado de ser un tabú para convertirse en una rara coincidencia transversal que atraviesa el espectro político, desde la Casa Rosada hasta algunas figuras clave del peronismo.

El detonante, tristemente habitual, fue el crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años en Santa Fe que fue asesinado por un grupo de adolescentes. Este hecho volvió a exponer las costuras de una normativa vigente desde 1980, una ley diseñada para un país que ya no existe, donde el delito no tenía la complejidad ni la violencia estructural de hoy.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva fue contundente en sus declaraciones: el límite actual es obsoleto. El Gobierno defiende bajar el piso a los 13 años, aunque la propia funcionaria admite que su ideal sería los 12.

“Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado”, sostuvo.

Quizás lo más llamativo de esto no sea la iniciativa del Gobierno —previsible en su agenda—, sino el eco que ha encontrado en la vereda de enfrente. Sergio Berni, exministro de Seguridad bonaerense y referente del peronismo, rompió el molde al declarar que la propuesta es "música para sus oídos".

Berni va incluso más allá que el oficialismo. Su propuesta de eliminar un piso de edad y basar la imputabilidad en la comprensión de la criminalidad (una pericia psiquiátrica caso por caso) desafía el garantismo automático que ha caracterizado a gran parte de su propio espacio político. Al calificar de "hipócrita" la resistencia de ciertos sectores progresistas —a quienes acusa de mirar estadísticas frías sin haber sufrido la inseguridad en carne propia—, Berni expone una fractura ideológica en su partido.

Sin embargo, el consenso sobre la "baja" no debe ocultar los desafíos de la implementación. Una ley por sí sola no modifica la realidad si no hay infraestructura. El sistema de institutos de menores, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, ha demostrado ser permeable, con fugas frecuentes y escasa capacidad de reinserción.

Si el Congreso avanza con la media sanción, el desafío no será solo cambiar un número en el Código Penal (sea 14, 13 o 12 años, como se debate internamente en el oficialismo), sino garantizar los recursos para que el Estado no se limite a encerrar niños, sino a recuperarlos. Sin inversión en logística y rehabilitación, la reforma corre el riesgo de ser, en palabras del propio Berni, mero "marketing político".