Piden un mano a mano con Milei

La pelota quedó del lado del Gobierno y la oposición mansa endureció el gesto. Pasaron tres días sin cumplir con el compromiso de acercarles a los diputados dialogantes algún texto que volcase los acuerdos del jueves, cuando pareció que había luz en medio del túnel -al final, todavía no se ve nada- para un dictamen con mayoría suficiente para discutir en el recinto el proyecto de Ley Ómnibus.

El núcleo duro de ese grupo, que presume de manejar hasta 94 votos, lo integran bloques que parecen avanzar en la reconstrucción de lo que fue Juntos por el Cambio. Es el primer efecto político evidente de la reunión del domingo a la mañana de los diputados de los bloques del PRO, la UCR y Hacemos, con una representación importante de los gobernadores de su misma extracción -todos menos Gustavo Valdés, Marcelo Orrego y Claudio Vidal (que nunca se sabe para dónde patea)-.

De esa reunión surgió el mandato de los jefes de bloque -Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto- de reclamar una reunión con Javier Milei para hablar en serio de lo nunca hablaron en ese nivel: cómo asegurar que el objetivo el déficit cero (o al menos de bajarlo) valga para la Nación, pero también para las provincias.

Hasta ahora, el ajuste es para las provincias

El sector que representa al electorado de Juntos por el Cambio asume que ese objetivo es central para estabilidad del Gobierno. Tiene el compromiso de anclar el programa financiero, y para eso tiene que bajar el gasto y, en todo caso, subir impuestos o eliminar excepciones.

Por lo que se escuchó este domingo en ese diálogo con los gobernadores, las provincias alzarán el reclamo de que el programa no se limite a la interrupción de los aportes no automáticos a sus distritos, que les restan fondos acordados, como el que aporta a la tarea docente.

Según el economista Nadin Argañaraz, “finalizado el 2023, el monto de recursos en discusión es del 1% del PIB. Es decir, el 20% del total del ajuste de 5% del PIB. La discusión política -agrega en su informe- pone a estos recursos dentro de la negociación. En este contexto, Nación debe evaluar el costo-beneficio de resignar recortes de transferencias no automáticas en pos de cambios legales relevantes”.

Insisten en fórmula Macri para jubilados

El riesgo de este endurecimiento de una oposición que admite que comparte el programa de reducción del déficit, es que sigan cayéndose los acuerdos sobre cláusulas centrales. La más grave es la suba de impuestos, que el Gobierno circunscribe a las retenciones.

En la capitulación de Santi Caputo y Guillermo Francos del jueves ante los diputados "amigos", el Gobierno entregó las retenciones a economías regionales. El domingo ya hablaron con los gobernadores de sacar del dictamen todo el capítulo de retenciones. También el capítulo sobre actualización de jubilaciones.

En el zoom con gobernadores participaron diputados de algunos bloques. Nicolás Massot, encargado del tema fiscal para Hacemos, insistió en que debe incluir la misma fórmula que sancionó el gobierno de Mauricio Macri: actualizar 70% por inflación y 30% por salarios. El Gobierno había llegado el jueves a un acuerdo para mantener la fórmula de Alberto Fernández, pero el domingo también se cayó esa oferta.

Massot es autor junto a Rogelio Frigerio de un proyecto de revisión de los 32 regímenes fiscales que contienen exenciones con las que Milei no se mete. No concluyen si es deliberado o improvisación. El que beneficia a Tierra del Fuego es sólo uno de ellos. La llamada “separata”, que suele ser un anexo de los proyectos de presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso, enumera el costo fiscal de esas excepciones.

Entre ellas está la exención del 50% del IVA a la construcción de viviendas populares y la que disculpa de ese tributo a los directores de empresas. Según Massot, una zaranda de esos regímenes le daría al Gobierno la diferencia que necesita para aliviar el déficit. El conjunto de esos regímenes llega al 4,5% del PBI.

PRO vs. PRO por fondos porteños

El endurecimiento del gesto tiene una explicación política adicional. Jorge Macri, el primo de Mauricio, ambos del PRO, confirmó que el ministro de Economía “Toto” Caputo le dijo que la Nación no pagará la sentencia de la Corte de reponerle los fondos que le quitó el gobierno anterior.

El PRO se molesta por la estrecha relación que tiene Caputo con la cúpula del partido. El ministro aparece como el contradictor de Jorge Macri, el único gobernador que tiene esa fuerza.

Pichetto recordó que Macri, antes de asumir en 2015, debió afrontar la sentencia de la Suprema Corte en el llamado caso Sancor. Esa sentencia ordenó reponerles fondos de coparticipación a San Luis (patrocinada por Rodolfo Barra), Sante Fe (por Carlos Rozenkrantz y Ricardo Gil Lavedra) y Córdoba (por Alberto García Lema).

La nueva administración de Cambiemos asumió el compromiso y cumplió con esa reposición, para atender las cajas de jubilación, y con creces, porque Cristina de Kirchner, antes dejar el gobierno, había extendido la medida a todas las demás provincias que sufrían ese recorte.

Amenazan con dictamen sin voto mileísta

El gesto duro de la oposición amiga no responde solo al desaire de que no les cumplieran con el envío el viernes pasado de un texto con los acuerdos. En realidad, omitieron abrir la boca sobre si Olivos admitiría todo lo acordado el jueves.

Ya había reticencia en los negociadores del Gobierno, como cuando se negaron a enviar la minuta de las concesiones en formato digital. Volcaron lo conversado en un texto en papel que circuló escaneado. "Si mandamos una versión digital -explicaron con un amor al fax digno de mejor causa- va a salir en todos los medios”.

Esa misma tarde del jueves, Clarín publicó ese texto, que lleva el título de "Modificaciones Ley Bases". Estos desaires obligan a este sector a avanzar en el dictamen "secreto" que habían preparado ante un escenario de "boludeo", como ilustró uno de los redactores.

Ese dictamen, según los asistentes al zoom de este domingo con gobernadores, podría sumar votos de otros diputados hasta el extremo (posible) de que fuera el dictamen de mayoría, pero sin el voto del bloque de La Libertad Avanza. Ese escenario es el que pone en estado de pánico al oficialismo.

Para los enemigos, gradualismo

Tampoco entienden mucho entre los bloques dialogantes del Congreso, la diferencia de trato que tiene el gobierno con ellos y con el peronismo de los 102 votos de Germán Martínez, que ya tiene un dictamen de rechazo liso y llano del proyecto. Dicen: para los amigos, el shock, y para los enemigos, el gradualismo.

A los amigos del Congreso les piden que no toquen una letra del proyecto, y que entreguen superpoderes, impuestos, emergencias, las togas, los peces, las naftas, las ciencias, las artes y las letras -les dejan, apenas, la mujer y la bicicleta-. Al peronismo, gradualismo de manual: les mantienen los funcionarios en el poder Ejecutivo, Aysa, Aerolíneas, Ferrocarriles, los medios del Estado, las sucursales de organismos nacionales en las provincias.

En este punto, el Gobierno parece no distinguir amigos de enemigos. Y eso que le juegan con mansedumbre, porque venció el viernes el plazo para integrar la Comisión de los DNU, y el presidente de la Cámara de Diputados no cumplió con completar la nómina de diputados que la integran.

En este punto, el Gobierno parece no distinguir amigos de enemigos. Y eso que le juegan con mansedumbre, porque venció el viernes el plazo para integrar la Comisión de los DNU, y el presidente de la Cámara de Diputados no cumplió con completar la nómina de diputados que la integran.

La oposición -la dialogante y la no dialogante- está en condiciones de llamar a una sesión del Congreso para vapulear el DNU sin necesidad del dictamen de la Comisión, por haberse vencido el plazo. Tampoco ningún jefe de bloque, de ningún partido, ha levantado la voz por esta demora.

En la oposición mansa las concesiones son generosas. Admiten las privatizaciones, salvo la del Banco Nación o de YPF, pero dejan las otras. “¿Por qué me tengo que aguantar que me puteen los de Aerolíneas cuando me subo a un avión?”, se me quejó este fin de semana un dirigente opositor al que le reprocharon en público que la empresa siga en la lista de la privatizables, sólo porque el Gobierno lo pidió y sus socios callan.

Ley Ómnibus: lo que vivimos era solo un sueño

La debilidad de los políticos se mide por el grado de transparencia que pueden dar a sus movimientos ante la sociedad. La de los protagonistas del ciclo abierto el 10 de diciembre están en sus puestos -de gobierno y oposición- debido a la debilidad que manifestaron en las elecciones.

Ahora trasladan esa debilidad, como la peste, a la gestión. La muestra más pintoresca es el decreto que se conoció en la noche del viernes, que enmienda un olvido descomunal de esta revolución que simula el Gobierno: la ley ómnibus no estaba incluida en el anexo al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que se conoció en diciembre pasado.

El llamado original disponía la prórroga hasta el 31 de enero. ¿Necesitaba más tiempo? Es discutible. Lo que no es discutible es que en la convocatoria anterior (Mensaje 7, Decreto 76/23 del 22 de diciembre pasado) el Ejecutivo no incluyó el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus. Todo lo vivido en enero fue solo un sueño.

Pudieron pedir anulación de todo el debate

Había incluido en el menú de temas a tratar en la convocaría original, un genérico "Proyecto de reforma de las funciones del Estado". El art. 2° del decreto del viernes dice expresamente: "Entiéndese que el punto 1) del Anexo al decreto citado en el artículo anterior refiere al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023 (Exp. 25-PE-2023)”.

La verdadera razón de este segundo decreto es enmendar un memorable gazapo jurídico. Por norma constitucional, en el período de sesiones extraordinarias el Congreso sólo puede tratar los proyectos propuestos por el poder Ejecutivo. O se olvidaron de poner el megaproyecto en la convocatoria original, o enviar ese paquetazo fue una ocurrencia posterior al Mensaje N.º 7.

Un grupo de diputados de la oposición dialogante había advertido que sin la mención expresa a la llamada “Ley Bases” en la convocatoria vigente hasta el viernes, todo el trámite legislativo podía ser anulado. El genérico "reforma del Estado" no comprendía las variadísimas materias que incluye el proyecto.

Pensaban plantearlo en las próximas horas como una advertencia a los impulsos cesaristas del Gobierno, que llegarían al extremo de exigir dictamen y sanción de un proyecto flojo de papeles. Una prueba extrema de que más que un plan de reformas, el Gobierno publicitó una expresión de deseos.

Sin esa enmienda, las sesiones mismas del plenario de comisiones podrían ser invalidadas por tratarse de un proyecto no pedido por el Ejecutivo. Salva el tropiezo que estas sesiones fueron peñas informativas sin formalidad efectiva.

Apenas unos debates para la catarsis de los protagonistas, que transcurrieron al mismo tiempo cuando delegados del Gobierno y de la oposición negociaban la capitulación del Ejecutivo ante los bloques del Congreso, que expresan a una oposición moderada que trabajó para "despendejar" el proyecto, según lo calificó con ingenio Pichetto. Desde ya que tampoco hubiera podido dictaminarse, como pretende el gobierno, esta semana.

Por Ignacio Zuleta